Autor: Jordi Vegueria Ocáriz, abogado en LEXITER Abogados.
Tener una página web profesional no consiste únicamente en publicar una presentación de servicios, un formulario de contacto o un botón de WhatsApp. Desde el momento en que una web identifica a un titular, permite contactar con él, instala cookies, capta datos personales o permite contratar servicios online, entran en juego distintas obligaciones legales. Por eso, los textos legales de una página web no deberían verse como un simple trámite formal, sino como una parte esencial de la seguridad jurídica del negocio.
Los textos legales más habituales son el aviso legal, la política de privacidad, la política de cookies y, cuando la web permite contratar, reservar o pagar servicios online, las condiciones generales de contratación. Cada uno cumple una función distinta. El aviso legal identifica al titular de la web y facilita la información mínima exigible; la política de privacidad explica qué datos personales se recogen y para qué se utilizan; la política de cookies informa sobre los dispositivos de almacenamiento o rastreo utilizados; y las condiciones de contratación regulan la relación jurídica con el cliente o usuario cuando se adquiere un producto o servicio a distancia.
La primera norma que debe tenerse en cuenta es la Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad de la información y de comercio electrónico. Su artículo 10 exige que el prestador de servicios de la sociedad de la información permita acceder de forma permanente, fácil, directa y gratuita a determinados datos identificativos, como su nombre o denominación social, domicilio, datos de contacto, inscripción registral cuando proceda, autorizaciones administrativas o datos de colegiación en el caso de profesiones reguladas. En una web profesional, esta obligación suele plasmarse en el aviso legal.
Además, cuando la web permite contratar electrónicamente, la LSSI impone obligaciones adicionales. Los artículos 27 y 28 de la Ley 34/2002 regulan la información previa a la contratación y la confirmación de la contratación realizada por vía electrónica. Esto obliga a explicar de forma clara los trámites necesarios para contratar, si el contrato se archiva o no, los medios técnicos para corregir errores, la lengua del contrato y las condiciones generales aplicables.
En paralelo, la web debe cumplir la normativa de protección de datos. El Reglamento (UE) 2016/679, General de Protección de Datos, exige que todo tratamiento de datos personales tenga una base jurídica válida conforme a su artículo 6, que se respeten los principios del artículo 5 —licitud, lealtad, transparencia, minimización, exactitud, limitación de la conservación, integridad y confidencialidad— y que se facilite al usuario la información prevista en los artículos 13 y 14. Esa información debe incluir, entre otros extremos, la identidad del responsable, las finalidades del tratamiento, la base jurídica, los destinatarios, los plazos de conservación, la existencia de derechos y la posibilidad de reclamar ante la autoridad de control.
La Ley Orgánica 3/2018, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, completa el marco interno español y refuerza la exigencia de que la información ofrecida al usuario sea clara, real y adaptada al tratamiento efectivo que se realiza. No basta con copiar una política de privacidad genérica: si la web incorpora formulario de contacto, agenda online, pasarela de pago, newsletter, WhatsApp, herramientas de analítica, píxeles publicitarios o servicios de terceros, todo ello debe reflejarse correctamente.
Esta cuestión es especialmente delicada en páginas de profesionales que pueden recibir información sensible. Por ejemplo, una web de servicios psicológicos, sanitarios, terapéuticos o de asesoramiento personal puede recibir mensajes en los que el usuario revele datos sobre salud, estado emocional, circunstancias familiares o situaciones especialmente íntimas. El artículo 9 del RGPD prohíbe, con carácter general, el tratamiento de categorías especiales de datos, entre ellas los datos relativos a la salud, salvo que concurra alguna de las excepciones legalmente previstas. Por ello, en estos casos la política de privacidad debe ser particularmente precisa y debe evitarse solicitar más datos de los estrictamente necesarios.
También debe prestarse atención a los formularios. No es correcto incluir casillas genéricas o textos ambiguos del tipo “acepto la política de privacidad” sin explicar adecuadamente el tratamiento de datos. La información debe facilitarse antes de que el usuario envíe sus datos, de forma comprensible y accesible. La doctrina de la Agencia Española de Protección de Datos recomienda la información por capas: una primera capa básica, visible junto al formulario, y una segunda capa completa accesible mediante la política de privacidad.
La política de cookies merece una mención específica. El artículo 22.2 de la Ley 34/2002 exige informar de forma clara y completa sobre el uso de cookies y obtener el consentimiento cuando no se trate de cookies técnicas o estrictamente necesarias. La Agencia Española de Protección de Datos, en su Guía sobre el uso de cookies y en sus criterios actualizados, ha venido insistiendo en la necesidad de que el usuario pueda aceptar, rechazar o configurar las cookies de forma real y sencilla. La mera navegación, el silencio o las casillas premarcadas no constituyen un consentimiento válido.
La jurisprudencia europea ha sido especialmente relevante en esta materia. La Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 1 de octubre de 2019, asunto C-673/17, Planet49 GmbH, ECLI:EU:C:2019:801, declaró que el consentimiento para cookies no es válido si se obtiene mediante una casilla marcada por defecto, porque el consentimiento exige una conducta activa del usuario. En la misma línea, la Sentencia del TJUE de 11 de noviembre de 2020, asunto C-61/19, Orange România, ECLI:EU:C:2020:901, recordó que corresponde al responsable del tratamiento demostrar que el interesado prestó un consentimiento libre, específico, informado e inequívoco.
Si la web permite contratar servicios o productos con consumidores, también debe atenderse al Real Decreto Legislativo 1/2007, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios. En particular, los artículos 97 y siguientes regulan la información precontractual en contratos a distancia, y el artículo 102 reconoce el derecho de desistimiento, salvo que concurra alguna excepción legal. En servicios profesionales, cursos, consultas online, productos digitales o reservas, resulta esencial explicar precio, impuestos, forma de pago, ejecución del servicio, cancelaciones, desistimiento, reclamaciones y condiciones aplicables.
Uno de los errores más habituales es pensar que todos los negocios necesitan los mismos textos legales. No es así. Una web corporativa sencilla no plantea los mismos riesgos que una tienda online, una web con área privada, una plataforma de reservas, una consulta profesional que recibe datos sensibles o una página que realiza campañas publicitarias con cookies de seguimiento. Los textos legales deben reflejar cómo funciona realmente la web, qué herramientas utiliza y qué relación jurídica se genera con el usuario.
Otro error frecuente es creer que basta con tener textos legales visibles en el pie de página. La ubicación es importante, pero no suficiente. El cumplimiento exige que los textos sean coherentes con los formularios, banners de cookies, casillas de consentimiento, procesos de contratación, correos automáticos y herramientas tecnológicas instaladas. Una política de privacidad correcta puede quedar desvirtuada si el formulario no informa adecuadamente antes de recoger los datos, o si el banner de cookies instala cookies no necesarias antes de que el usuario haya prestado consentimiento.
En definitiva, los textos legales de una web tienen una doble función: cumplir la normativa y ordenar jurídicamente la relación con usuarios, clientes y visitantes. Una redacción deficiente puede generar reclamaciones en materia de protección de datos, consumo o contratación electrónica, además de proyectar una imagen poco profesional. Por el contrario, unos textos bien adaptados permiten prevenir conflictos, acreditar transparencia y reforzar la confianza del usuario.
En LEXITER Abogados ayudamos a profesionales, autónomos y empresas a revisar y redactar los textos legales de sus páginas web, adaptándolos al funcionamiento real de cada proyecto: aviso legal, política de privacidad, política de cookies y condiciones de contratación online. Si necesitas adecuar tu web a la normativa vigente o quieres evitar el uso de documentos genéricos que no reflejan tu actividad, puedes contactar con nosotros a través de LEXITER Abogados: https://lexiterabogadosonline.com/